Las investigaciones llevadas a cabo por numerosos organismos internacionales determinan que los niños y niñas en cuyo hogar se viven situaciones de violencia de género, son víctimas de violencia, ya que sufren de manera directa las consecuencias, no sólo físicas y emocionales, sino también las derivadas de haber vivido y formado su personalidad en un ámbito de desigualdad de poder y sometimiento de la madre a la conducta violenta de un hombre, lo que potencialmente les convierte en elementos de la cadena de reproducción de esta violencia.

En el día a día acompañando y asesorando jurídicamente a mujeres nos estamos encontrando con que aunque la aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género supuso un importantísimo avance al potenciar la asistencia social a los niños y niñas hijos de mujeres víctimas, sigue siendo urgente reforzar y ampliar los recursos específicos para atenderlos, especialmente en el ámbito judicial. La realidad es que en el ámbito judicial a día de hoy no se considera a los menores hijos de mujeres víctimas de violencia directamente ofendidos o perjudicados por el delito, aplicando únicamente en casos muy graves medidas de protección a éstos. De hecho cuando una mujer acude a un juzgado a denunciar un caso de violencia de género con sus hijos o hijas no se inicia ningún tipo de intervención, llevándose a cabo únicamente en los casos en los que se haya ejercido violencia directa frente a ellos.
Además existe todavía deficiente coordinación entre los diferentes ámbitos policial, sanitario, educativo, social, etc… lo que no contribuye al esclarecimiento de la verdad y a la eliminación del sufrimiento vivido.